Denuncia corrupción y es sacada arrastrando

LIC. JALIL CHALITA ZARUR:

 

Una abogada que con un nombramiento del gobierno del Estado fungía como oficial del registro civil en la Oficialía del registro civil número 11 ubicada en el Nicolás Zapata 1398. Denunció que el secretario general del ayuntamiento ordenó cobrar 16% más más caros todos los trámites y documentos que se tramiten en las Oficialía del registro civil del municipio de la capital.

Las Oficialía del registro civil en el Estado de San Luis Potosí dependen de manera directa de la dirección General del registro civil y éste a su vez depende de la Secretaría General de gobierno. La Oficialía del registro civil en el Estado asigna a través de nombramiento oficiales del registro civil para que atiendan a la ciudadanía en las oficinas que el ayuntamiento del municipio pone a su disposición.

Pero una vez que la abogada Teresa Carrizales denunciara que el secretario del ayuntamiento le ordenaba aplicar tarifas más altas y este recurso va directamente a la Tesorería del ayuntamiento en perjuicio de la población Teresa Carrizales lo aclaró con el secretario del ayuntamiento, quien como respuesta la ordenó que siguiera cobrando lo que le indicaba.

La oficial mayor denunció públicamente esta anomalía calificándola de corrupción y de inmediato se presentó el titular de la dirección de seguridad pública municipal para ordenarle que abandonara la oficina porque sería liquidada ya que había sido suspendida.

La oficial Teresa Carrizales argumento que el secretario del ayuntamiento no podía despedirla ya que ella tenía un nombramiento por parte de la dirección estatal del registro civil. Como paso siguiente el pasado martes dos se presentó en Oficialía número 11 del registro el titular de la dirección de seguridad pública municipal acompañado de varios agentes policiacos quienes la ordenaron que abandonara las oficinas a la licenciada Teresa Correa negándose a abandonar su oficina fue sacada materialmente arrastrando y esposada la oficial 11 del registro civil en esta ciudad.

Este acto fue ordenado de manera directa titular de la dirección de seguridad pública municipal por el propio presidente municipal Xavier Nava Palacios quien ahora enfrenta a la Comisión estatal de derechos humanos y este caso también será atendido desde el Congreso del Estado y muy probablemente este acto de brutalidad policiaca ordenado por el presidente municipal llevará al Congreso a destituir al actual presidente municipal.

Recordemos que Florencio Salazar Martínez el 26 de mayo de 1987 presentó su licencia indefinida como gobernador del Estado de San Luis Potosí por un acto sin violencia pero que atentó contra la dignidad humana. Esperamos que el Congreso del Estado tenga sensibilidad política y retire de la presidencia municipal a este peligroso individuo.