La revocación de mandato en S.L.P.

LIC. JALIL CHALITA ZARUR:

Desde hace varias décadas en la entidad potosina la población más responsable está exigiendo la figura jurídica de “Revocación de Mandato” ya que durante las campañas políticas los candidatos abiertamente engañan a los votantes ofreciendo ejercer un gobierno como uno de los mejores del mundo.

Pero cuando asumen la responsabilidad del cargo público se olvidan hasta de lo más elemental, porque la población ya les entregó el poder de la administración pública por un determinado período que pueden ser tres o seis años. Y que con los cambios a la constitución de la República ahora tanto presidentes municipales, diputados locales y federales así como senadores pueden quedarse en el cargo hasta 12 años consecutivos, es decir a través de la figura de la reelección.

En el Estado de San Luis Potosí tenemos una gran cantidad de ejemplos de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y de Senadores a los que es urgente que se les revoque el mandato porque mintieron, engañaron y sobornaron a la población más pobre para obtener el voto que nos llevó al mandato.

El ejemplo que estamos viviendo todos los días es el de la administración municipal en San Luis Potosí por la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos más elementales y que además son un mandato de la constitución de la República.

Independientemente de simpatías o antipatías con el presidente municipal y con el cabildo, la realidad que vivimos los ciudadanos es algo inaceptable: puede decirse que el 90% de las calles de la ciudad de San Luis Potosí están en pésimas condiciones, tanto por la gran cantidad de baches, topes innecesarios en el área de rodamiento, pero también con banquetas que son intransitables para seres humanos sobre todo para personas de la tercera edad justa para caminar.

A esto se le suma el pésimo alumbrado público, además de la inseguridad que se vive a todas horas del día; la falta casi absoluta de policía preventiva sobre todo en las colonias más pobres y la causa de una enorme comisión de delitos sobre todo patrimoniales en perjuicio de la gente más pobre.

En este caso es urgente la revocación de mandato porque la población está viviendo en una situación sumamente incómoda en todos los sentidos de los servicios públicos: no hay agua potable, la recolección de basura es ineficiente y los servidores públicos del ayuntamiento son intolerantes además de incompetentes.