Enriquecimiento inexplicable

Jalil Chalita Zarur

Es inexplicable o perfectamente explicable que los señores y señoras diputados del Congreso de la unión no hayan legislado para corregir ni en la Ley de Responsabilidades, publicada en el Diario Oficial del 28  de diciembre de 1982. No es el enriquecimiento inexplicable un delito, ni una falta, ni siquiera es un ilícito.

Si  fuera el caso, que algún funcionario o empleado público se hubiera enriquecido notoriamente por encima de sus posibilidades económicas,  esto lo  venía regulado en el capítulo II, bajo el título V, de Ley de Responsabilidades, que fue derogada en 1982.

Desde hace más de 36 años no se ha dado una iniciativa en el Congreso de la unión para volver a calificar como delito el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos.

Lo máximo que se puede obtener es que se abra una investigación para conocer el origen de la riqueza de muchos funcionarios.

Los señores diputados federales de estas 12 legislaturas no han hecho ninguna propuesta para proponer una sanción para aquellos representantes públicos o diputados que notoriamente tengan un enriquecimiento inexplicable.

En San Luis Potosí tenemos muchos, muchísimos claros ejemplos de esta actitud inmoral como lo es el caso de Ricardo Gallardo Juárez y su hijo Ricardo Gallardo Cardona que después de estar sumamente endeudados llegan a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez y “mágicamente” su fortuna económica empezó a incrementarse de manera escandalosa.

Como lo indica la ley, la Procuraduría General de la República sólo se limitó a realizar una investigación del origen posiblemente ilícito del enriquecimiento de estos personajes públicos.

Encontrando que efectivamente tenían recursos provenientes de dudosas operaciones comerciales en las que incluso involucraron a varios miembros de su familia.

Ricardo Gallardo Cardona es quien más ostentación ha hecho de la fortuna que tiene sin que pueda explicar de cara a la población de donde la obtuvo o que presente públicamente sus declaraciones ante la Secretaría de hacienda.

Recientemente ha trascendido que compro la concesión del PVEM en el Estado de San Luis Potosí por la cantidad de 70 millones de pesos, pero también se sabe las grandes cantidades de dinero que gastó durante su campaña para obtener el cargo de diputado que ahora ostenta; sin que puede explicar de dónde obtuvo tamaños recursos.

Si se suman los sueldos que ha ganado como presidente municipal y ahora como diputado federal además se le resten los gastos de la absurda vida de nuevo millonario que públicamente lleva no se justifica con sus ingresos como presidente municipal y como diputado.

Si bien esta inmiscuido en diferentes empresas, ninguna de ellas tiene los ingresos suficientes para cubrir los gastos de corrupción y de lujos que lleva este individuo.

Por la complicidad de las legislaturas federales durante los últimos 36 años el  enriquecimiento inexplicable dejó de ser un delito, pero se ha convertido en una inmoralidad total que deberá de pesarle a él y a todos los funcionarios públicos que se han enriquecido ilícitamente.

Debe de haber una reforma a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos con sanciones severas para que no suceda lo que hoy está pasando con Ricardo Gallardo Juárez a quien  le acusa el ayuntamiento de la capital de haber desviado o hecho mal uso de más de 1,800 millones de pesos.